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area xxi El artículo 71 de la Ley 30/1995 de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, permite exigir al Órgano de Control, que las entidades aseguradoras dispongan de una buena organización administrativa y contable, así como de procedimientos de control interno adecuados. En concreto en el apartado 3 se establece:

“3. El Ministerio de Economía y Hacienda exigirá que las entidades aseguradoras sometidas a su control dispongan de una buena organización administrativa y contable y de procedimientos de control interno adecuados.....”

Parece que la referencia anterior podrían bastar para el requerimiento de unos mecanismos específicos de control interno contable, que asegurasen, entre otras cuestiones, la suficiencia de las provisiones, avaladas por ciertos mecanismos de control actuarial de las variables aleatorias utilizadas en los productos aseguradores.

Esta circunstancia por separado o en conjunto con el resto de la normativa de control y supervisión aplicable, puede conducir a la exigencia por parte del Órgano de Supervisión del establecimiento de una metodología para el control de los citados riesgos y la exposición de las aseguradoras a ellos, pudiendo incluso exigir la constitución de provisiones que tengan en cuenta los mismos.

En este sentido, con independencia de la posible exigencia de controles de los riesgos a los que se ve sometida la gestión aseguradora que conduzcan al establecimiento de provisiones técnicas suficientes, el artículo 110.1 del ROSSP de forma explícita establece que:

“1. Las entidades aseguradoras deberán establecer procedimientos de control interno adecuados a su organización y disponer de la información suficiente para que la dirección de la entidad pueda tener un conocimiento actualizado sobre la evolución de su actividad, el funcionamiento de sus departamentos y redes de distribución, y el comportamiento de las magnitudes económico-actuariales básicas de su negocio.”

En consecuencia, es razonable la exigencia de contar con mecanismos de control y medición, así como el requerimiento de identificar los riesgos básicos a los que se ve sometido su negocio, exhortar al establecimiento de ciertos controles sistemáticos que midan la exposición de la aseguradora a los mismos, y, en definitiva, exigir el establecimiento de mecanismos que permitan a la dirección de la entidad la toma de decisiones con la información necesaria sobre las consecuencias que pueden tener las mismas en términos de riesgo y solvencia.

Por otra parte, podría ser también razonable la petición, por parte de las aseguradoras, de ciertas compensaciones en los requerimientos de solvencia exigidos en términos generales, en el caso de que se concreten ciertos mecanismos de control interno que aseguren que, difícilmente, se producirán desviaciones no controladas que conduzcan a pérdidas no esperadas, por lo que podría no ser necesaria la inmovilización de recursos propios elevados.

Con fecha 16 de febrero de 2007, el Consejo de Ministros, aprobó un Real Decreto, por el que se modifica el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. Uno de los artículos modificados es el expuesto anteriormente, el 110, que de su nueva redacción, se pueden destacar las siguientes ideas:

Las entidades aseguradoras deberán establecer, documentar y mantener en todo momento procedimientos de control interno adecuados a su organización. El consejo de administración será el responsable último de establecer, mantener y mejorar tales procedimientos de control interno. La dirección de la entidad será responsable de la implementación de los procedimientos de control interno, en línea con las directrices establecidas por el consejo de administración.

Las entidades aseguradoras deberán disponer de la información suficiente para que el consejo de administración y la dirección de la entidad puedan tener un conocimiento actualizado sobre la evolución de su actividad, el funcionamiento de sus departamentos y redes de distribución y el comportamiento de las magnitudes económico financieras y actuariales básicas de su negocio.

Los procedimientos de control interno comprenderán, en todo caso, el desarrollo de una adecuada función de revisión y el establecimiento de sistemas de gestión de riesgos.

Las entidades aseguradoras establecerán sistemas de gestión de riesgos, adecuados a su organización, que les permitan identificar y evaluar, con regularidad, los riesgos internos y externos a los que están expuestos.

Los procedimientos de control interno se extenderán, en aquellas entidades que externalicen cualesquiera de sus funciones o actuaciones, a las actividades externalizadas.

Anualmente la entidad elaborará un informe sobre la efectividad de sus procedimientos de control interno. El informe será suscrito por el consejo de administración de la entidad a la DGS, junto con la documentación estadístico contable anual.

Todo ello se ve refrendado con el artículo 110 bis, al respecto de las políticas de inversión:

  • El Consejo de Administración de la compañía será responsable de formular y aprobar la política de inversión estratégica, considerando la relación activo-pasivo, la tolerancia global al riesgo y la liquidez de las posiciones en los distintos escenarios. En particular, deberá asegurarse la identificación, seguimiento, medición, información y control de los riesgos relacionados con las actividades, procedimientos y políticas de inversión adoptadas. La dirección será responsable de la implementación de tales políticas y medidas.
  • La utilización de instrumentos derivados y activos financieros estructurados por parte de las entidades aseguradoras estará sometida al cumplimiento de los requisitos que a tal efecto disponga el Ministro de Economía y Hacienda.